El Ministerio de Justicia, en cabeza de Ruth Estela Correa ha firmado el decreto, 2492 del 6 de diciembre 2012, con el cual las EPS podrán prestar servicios de salud en los diferentes penales del país. Esta idea surge dentro de una serie de medidas implementadas por el Inpec y por el Ministerio de Justicia con el fin de mejorar la prestación del servicio de salud a la población reclusa.
La entidad que venía prestando el servicio era Caprecom con quien se ha cancelado la contratación, para definir unas medidas que permitan una mejor prestación del servicio. Los inconvenientes que presentó Caprecom, fueron de tipo financiero. El subdirector de la EPS, José Ricardo Rodríguez, reconoció la crisis financiera que esa entidad estatal atravesó a finales de 2012 y que terminó afectando a 75 mil presos afiliados, en todo el país. "A raíz de la crisis que ha vivido el sector de la salud, de la cual Caprecom no es ajena, la EPS ha tenido problemas de liquidez que comenzaron a verse en noviembre pasado", señaló Rodríguez.
Las EPS deberán prestar el servicio no solo en los 142 penales a cargo del Inpec sino también en los penales municipales y departamentales. En ese sentido, la funcionaria señaló que dicho decreto contempla un aumento en el valor de la Unidad de Pago por Captación (UPC) teniendo en cuenta que la que se viene pagando por concepto de la población reclusa, resulta insuficiente. El uso de los servicios por parte de esta población es cuatro veces superior al de la población general afiliada al sistema.
Así mismo, El Ministerio de Justicia destinará 3.000 millones de pesos para rehabilitar 34 unidades de sanidad en varias cárceles del país. Para esto se han celebrado contratos en diciembre del año pasado, destinados a la ejecución de las obras de adecuación, mantenimiento y ampliación de estas áreas de sanidad, que estarán a cargo del Inpec. El proceso culminará el 22 de febrero del 2013.