Diseño de políticas públicas para la industria de dispositivos médicos, un exigente reto

En su intervención durante el foro, el Ministro de Salud y Protección Social destacó la importancia de la industria de dispositivos médicos como un sector que reúne en el país un total de 2.000 empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de dispositivos. Además existen en Colombia alrededor de 12.000 dispositivos médicos legalmente registrados.

Desde una perspectiva contextual, resaltó los logros de la ley 100 expresados en un aumento de la cobertura y un paquete de servicios que, considera el Ministro, es uno de los más generosos del continente. Esto se refleja en una efectiva protección financiera de la población, donde el gasto de bolsillo en salud representa sólo el 20% del gasto total del sistema. A partir del 2007 hubo un aumento importante de cobertura con el ingreso de 12 millones de personas al régimen subsidiado.

Reconoce el Ministro que el sistema ha tenido sus tropiezos, comenzando por el incumplimiento de la financiación que debió provenir de los entes territoriales y el aumento desmesurado de los recobros al FOSYGA. El alto funcionario atribuye este último fenómeno a los incentivos perversos que condujeron a que los actores se pusieran de acuerdo para cobrar al sistema. Según sus cifras, en 2007 se registraron recobros por el orden de 200 millones de pesos en tanto que en el 2010, dicha cifra ascendió a los dos billones.

Otro de los inconvenientes radica en que se igualaron los regímenes de salud sin que se hiciera lo propio con la UPC, situación que condujo a una quiebra del sector y llevó a que el patrimonio conjunto de las EPS sea en la actualidad negativo. El estado brilló por su ausencia en tanto que el sector privado pecó por excesos y oportunismo.

Entre las prioridades de la reforma que cursa en la actualidad, el Ministro hace hincapié en la necesidad de lograr una definición consensuada del derecho fundamental a la salud, estableciendo criterios explícitos que permitan la expansión gradual y ordenada de los beneficios, mientras se propende por no incluir tecnologías que carezcan de evidencia científica sobre su eficacia, efectividad y seguridad.

Propone el Jefe de la cartera un mecanismo de exclusión enfocado en la construcción legítima del si o del no. En esta fase no hay consideraciones de costo efectividad y las decisiones deben basarse exclusivamente en si la tecnología sirve o no, sin importar los costos. En una segunda fase, se aplicaría un modelo de priorización donde entran a jugar consideraciones de costo efectividad.

La viabilidad financiera del sistema está sujeta a retos que derivan, entre otros, de un bajo gasto de bolsillo y una chequera que está en manos del médico. Para enfrentar estos desafíos, el Ministro propone un robusto mecanismo de control de precios asociado a un fondo Salud Mia que solucione los problemas que no fueron resueltos en forma espontánea por el sector privado. Es necesario contar con una tesorería centralizada con robustez informática, disminuir los costos de transacción, corregir problemas de afiliación, controlar el recaudo y ejercer un control centralizado para evitar la selección del riesgo y fomentar la competencia. La facturación debe ser estandarizada y se debe disponer de una malla de validación con una cuenta para cada gestor quien, a su vez, debe priorizar la auditoría médica.

En últimas y en esencia, la reforma pretende el logro de tres objetivos de fondo:

• Consolidar los logros sociales
• Generar condiciones de sostenibilidad
• Recuperar la legitimidad perdida

Consolidado a partir de la ponencia del Ministro Gaviria por Mauricio Burbano Arrázola, MD., director de contenido de El Hospital.